Por Alejandra Ramírez (@AllejandraRam)*

El pasado 29 de octubre, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México presentó el documento "Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México". [1] Dicho documento brinda un panorama general, pero sustancioso, de los múltiples riesgos (agresiones físicas, amenazas, hostigamiento, intimidación, ataques armados, desapariciones y asesinatos) en contra de familiares y colectivos de personas desaparecidas.

Además, el diagnóstico nombra y, con ello, visibiliza, a la diversidad de grupos de personas buscadoras (mujeres, hombres, infancias y adolescencias, migrantes, LGBTI, indígenas y con discapacidad). Asimismo, el documento da cuenta de cómo dichas situaciones de riesgo impactan psicosocialmente en los ámbitos de la salud física, emocional, psicológica y en los núcleos familiares. Cabe mencionar que estos y otros impactos que permanecen en la desatención institucional adquieren un carácter continuado a lo largo de tiempo y pueden derivar en escenarios catastróficos como es la muerte de personas buscadoras ante la cronificación de enfermedades. [2]

Para quien tiene un ser querido desaparecido, buscar no es sólo un verbo, es una práctica cotidiana de alto riesgo en un México donde la mayor parte del territorio nacional está controlado por grupos criminales. Las estructuras de poder y las dinámicas de macrocriminalidad que han alimentado y sostenido la violencia durante años, someten a las comunidades de búsqueda, población vulnerable per se, a situaciones de alta exposición a sufrir los riesgos señalados anteriormente.

Para familiares y colectivos, los significados que circundan la labor de búsqueda son diversos. Sólo por mencionar algunos, es sentir que pueden hacer algo por localizar a su familiar, contribuyendo de esta manera a aminorar la frustración e impotencia que alberga la experiencia. Así, las búsquedas son un soporte subjetivo relevante en la vida de quienes atraviesan esta compleja y dolorosa situación. En palabras de algunas víctimas, las búsquedas fungen como una especie de “terapia”, es decir, pese a las adversidades que conllevan, las búsquedas dotan de cierto carácter reparador la experiencia límite que instaura la incertidumbre permanente.

De igual manera, al tener una dimensión colectiva, las búsquedas permiten construir sentidos de pertenencia al constituir espacios de compartición de la experiencia subjetiva tejida con la de otras semejantes. Dicho intercambio de lo íntimo dialoga y se extiende al ámbito de lo público, traduciéndose en un amplio abanico de formas de organización-acción que les permiten desplegar estrategias de afrontamiento que desafían el orden que se rige bajo la lógica individualista de la víctima sin agencia y solitaria.

Como vemos, las búsquedas tienen connotaciones que trastocan las esferas subjetivas, emocionales, morales, simbólicas y políticas en tanto son un quehacer movilizado por los afectos que les vinculan con quienes aman y les hacen falta. Por ello, pese a los múltiples riesgos y afectaciones, las familias y colectivos no dejarán de salir a buscar y el deber del Estado y sus instituciones es garantizar su seguridad integral.

En relación con lo anterior y en el marco internacional de derechos, en los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada [3], se señala el derecho a la participación de las y los familiares en todas las etapas de la búsqueda (principio 5) y se enfatiza que las acciones de búsqueda deben desarrollarse en condiciones de seguridad (principio 14). Por su parte, Amnistía Internacional en el informe “Buscar sin miedo. Estándares Internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas" [4] recoge las normas y estándares del derecho internacional aplicables a la protección de mujeres buscadoras, refiriendo la importancia de la perspectiva de género y diferencial.

Aunado a dichos enfoques, y al ser mayoritariamente mujeres quienes encabezan las búsquedas, es importante no perder de vista el análisis sociocultural y político de la inscripción de las violencias en los cuerpos de las mujeres buscadoras y la instrumentalización de dichas violencias. [5] Lo anterior, no sólo permite tener un panorama más nítido para atajar las situaciones de riesgo y la condición de vulnerabilidad con acciones enfocadas a las raíces del problema, sino también elaborar e implementar políticas de prevención de escenarios trágicos que, como sucede en la mayoría de los casos, quedan en la impunidad.

No obstante los esfuerzos de organizaciones acompañantes y de organismos internacionales, los riesgos siguen latentes, así como la escasa o nula respuesta estatal, pues aunque se le exija al Estado mexicano la urgencia en protección de la seguridad en las labores de búsqueda ante instancias internacionales, como sucedió el pasado 28 de febrero de 2024 en la audiencia “México: protección a mujeres buscadoras” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes hacemos trabajo de acompañamiento local constantemente recibimos peticiones de ayuda. La negligencia en la racionalidad gubernamental y la burocracia institucional, así como la rampante impunidad, siguen siendo factores que hacen remar contracorriente en este tema, provocando paralelamente, un desgaste permanente y modos de vida alterados e inciertos.

Por ello, en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, y en un contexto de violencia mutable, pero permanente que por momentos se torna bastante crítico en algunas regiones del país, es apremiante reconocer a quienes buscan a sus seres amados como personas defensores de derechos humanos e incorporarles a mecanismos de protección (que tengan la asignación adecuada de recursos humanos, presupuestarios y capacidades) que respondan de manera inmediata y eficaz. 

Dicho reconocimiento debe estar anclado en el discurso, compromisos y acciones de los poderes políticos en todos los niveles. Para implementar una política de protección que funcione seria, responsable y realmente, es fundamental posicionar y legitimar en la agenda política nacional a este grupo de población vulnerable y con ello combatir la sistemática exposición en la que se encuentran al efectuar su labor de búsqueda.

En otras palabras, tal reconocimiento es el paraguas base para salvaguardar la integridad de las comunidades en búsqueda. La protección y el cuidado de la vida de las y los buscadores en México es una deuda pendiente que no dejaremos de señalar, porque no es retórica, es una necesidad urgente.

[1] Descarga el informe en https://movndmx.org/informeriesgos2024/

[2] Para conocer más sobre los impactos continuados se recomienda leer el artículo: “Maternidades en búsqueda. Impactos continuados y política de desatención", disponible en el siguiente link: https://www.animalpolitico.com/analisis/organizaciones/res-publica/madres-buscadoras-impactos-desatencion

[3] Descarga los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada:
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CED/PrincipiosRectores_DigitalisedVersion_SP.pdf

[4] Descarga el informe: https://amnistia.org.mx/contenido/wp-content/uploads/2024/08/AMR0184582024SPANISH.pdf

[5] Para leer más al respecto, sugerimos la lectura del artículo: "La muerte violenta de las madres buscadoras: el sufrimiento y el castigo como entramados de los poderes sistémicos". Disponible en el siguiente link: https://adondevanlosdesaparecidos.org/2023/05/15/la-muerte-violenta-de-las-madres-buscadoras-el-sufrimiento-y-el-castigo-como-entramados-de-los-poderes-sistemicos/

*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.

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